Monterrey, México (06 septiembre 2021).- Tras concluir el plazo del 1 de septiembre para regularizar a los trabajadores que subcontrataban, las empresas enfrentan el riesgo de sanciones de hasta 4.4 millones de pesos, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal.
«Las multas pueden seer de 50 mil pesos, pero podrían llegar hasta 4.4 millones, que es lo que marca el reglamento en casos en casos en los que la autoridad considere que hay una flagrante violación a los derechos de los trabajadores, que es es la multa más grave».
«No había quedado claro lo que puede considerarse como servicios especializados, por lo que estamos viendo que muchas empresas apenas se están inscribiendo a ese registro».
Consideró que aun cuando las revisiones de la Secretaría del Trabajo no empezarán de inmediato, porque es un trabajo largo, será difícil realizarlas para la autoridad, pues hay más de 50 mil empresas que usan servicios especializados.
«Las sanciones podrían darse en casos en los que la autoridad estipule que hay una violación o una defraudación fiscal, ya sea que estén pagando menos impuesto, haciendo subregistros de salario o que se dejen de pagar las cuotas obrero patronales conforme a la ley, los impuestos sobre nómina o las prestaciones laborales».
Indicó que hay casos como los de las empresas de servicios contables, de auditoría o de alimentos que tienen personal que labora en forma esporádica o permanente en las instalaciones de sus clientes a las que ahora se les exige que cuenten con su inscripción en el REPSE.
«Estas empresas (de alimentos) tienen que registrarse para poder poner en el supermercado a su personal, aunque sea de forma esporádica, a desempeñar una labor.
«Lo mismo sucede con las personas que vemos en las tiendas de autoservicio acomodando mercancía en los estantes y que no son parte de la tienda, sino que son empleados de la compañía proveedora, o demostradoras que despachan para una empacadora en el área de carnes frías».
Leñero estimó que con la reforma hay actualmente inscritas en el REPSE cerca de 30 mil empresas, mientras que otras compañías que tenían subempleado personal en un esquema de insourcing migraron en total a cerca de 3 millones de trabajadores a sus nóminas.
«En el caso de las empresas que se inscribieron en el REPSE no habían notado que requerían hacerlo y muchas de ellas apenas lo están haciendo porque sus proveedores se los están exigiendo, ya que no hay otra forma de que puedan operar con ellos, pues sus facturas dejarían de ser deducibles de impuestos y dejaría de ser acreditable el IVA».
Fuente: El Norte